domingo, 26 de julio de 2009

Portate bien Piki


La historia de la enfermedad de Piki, según su mamá (Clarín de Buenos Aires), como la del violador de catorce años que debe volver a su casa según una ley de edad mínima de responsabilidad penal (El País de Madrid), son tomadas por la prensa o por la televisión, respectivamente, con la ligereza propia que conlleva cubrir un espacio antes del cierre o llenar el programa entre publicidad y publicidad (sobre todo en televisión es notable la absoluta falta de criterio con que se cita a los invitados a debatir el tema). Es por situaciones como estas por las que a veces me quedo pensando en la experiencia propia, en cómo hacer para morderme la lengua y no hablar mientras veo como otros no se la muerden ni para guardar un prudente silencio. En fin, que quien sea nos encuentre confesados. Agur. Mariana Hernández Larguía.

La historia de Piki: de pichón de crack a "pibe chorro"
A los 13 empezó a drogarse con marihuana y a los 14, a caer preso por pequeños robos. El lunes, tomó rehenes en Almagro y tiene 20 causas penales.

Leonardo De Corso
Mucho antes de que el martes pasado fuera noticia por haber tomado rehenes en una perfumería de Almagro, Juan Manuel (conocido por Piki o Manu) ya había salido en un diario: el jueves 5 de junio de 2003, cuando sólo tenía 10 años, su estampa de crack ilustró una nota de Olé sobre el partido de su equipo, Pinocho, contra El Ideal. Aquel también resultó un día turbulento: lo expulsaron por pelearse con un rival en el marco de una discusión que también involucró a su madre, retratada insultando al árbitro. Cara angelical, pies talentosos, temperamento fuerte: las señas particulares de este pibe nacido el 22 de abril de 1993 en Ciudadela.Ya de chico pintaba para crack. "Lo venían a buscar de los mejores clubes. Era muy habilidoso. Con Juan Carlos, mi marido, hicimos muchos sacrificios para poder comprarle los primeros botines a los 5 años. Cuando no teníamos plata para viajar, lo llevábamos en bicicleta o caminando", cuenta Sandra (43), la madre de Piki.
Hoy, en la pieza del hotel de Once en la que vive la familia, hay fotos de aquellos años dorados: Piki con la camiseta de River, de Platense... Un pasado de esperanza borroneado por este presente desolador, con Piki encerrado en el Instituto Roca y sus padres y hermanos contando las horas para volver a verlo. Recién hoy a la mañana podrán hacerle la primera visita desde que cayó preso en la perfumería.El chico tiene tres hermanos: Antonella (19), Juan Ignacio (18) y José (11). Los dos más grande trabajan. El padre, Juan Carlos, es guarda de tren y Sandra se dedica a cuidar a su nieta y a su hijo menor. Ninguno tiene antecedentes policiales. Piki -que hasta el martes acumulaba 19 causas penales- estaba haciendo la primaria de noche hasta que las clases se interrumpieron por la Gripe A.La historia de la familia es una historia de tropiezos continuos. Juan Carlos y Sandra llegaron a tener dos pizzerías en Ciudadela y a vivir en una casa de dos plantas de Villa Urquiza. Pero durante la hiperinflación de Alfonsín se fundieron. Luego se recuperaron: él compró un taxi y una parada en la estación de Ciudadela, mientras ella atendía un kiosco. "A mi marido lo robaron varias veces y las cosas no iban muy bien. Vendimos todo y nos fuimos a vivir a Bialet Massé en Córdoba. Allí pasamos la mejor etapa de nuestras vidas. Los chicos eran felices, jugaban en la calle, íbamos a pescar y mi marido consiguió trabajo en Telefónica", recuerda Sandra.
Pero volvieron a perder todo y de regreso a Buenos Aires, lograron alquilar una casa vieja en Villa Urquiza. Trabajaban como vendedores ambulantes y se turnaban para cuidar a sus hijos. Pero se quedaron sin recursos y, tras deambular por varios lugares de alojamiento precario, terminaron en el hotel de Once.Sandra cree que los problemas de su hijo se deben a la droga. Especula que se inició con la marihuana, a los 13, cuando jugaba en Atlético Lugano con pibes mucho más grandes. "Arrancó con porros y después pasó a la pasta base. Cuando me di cuenta de que me hijo se drogaba él tenía 14, casi 15. Empezó a caer preso por delitos menores. Me decía que era inocente, y yo, por el amor que le tengo, de entrada le creía", explica."Lo llegué a tener tres días encerrado. Pero se escapaba y volvía 5 horas después hecho un engendro, con la apariencia de una persona que está 30 días sin bañarse viviendo en la calle. La pasta base lo dejaba como un esqueleto", describe con la voz entrecortada.La familia pidió varias veces ayuda para salvarlo. El chico estuvo internado en un centro de rehabilitación un tiempo pero escapó. Ahora no les interesa tanto que sea liberado sino que le den el tratamiento que necesita. "No es un demonio -dice su madre-. Piki es un chico enfermo".


Se puede reeducar en lugar de encarcelar
Existen fórmulas para encauzar a los niños menores de 14 años que cometen delitos - Faltan decisión política y medios

J. A. AUNIÓN / E. HIDALGO 26/07/2009
Un niño se marcha a su casa, a pesar de haber participado presuntamente en una violación
múltiple, porque tiene menos de 14 años, la edad mínima de responsabilidad penal. La fuerza de esta imagen que queda, al menos durante un tiempo, en la retina de la sociedad oscurece el debate sobre qué se debe hacer con estos chavales. Además, los casos de niños de 10, 11 o 12 años que comenten pequeños hurtos, una y otra vez, amparados por su edad y muchas veces dirigidos por adultos, preocupan cada vez más.
¿Qué se hace con estos niños y niñas? ¿Se rebaja la edad penal, como proponen algunos, para poder encerrar a los que cometan delitos más graves y, en definitiva, castigarles de alguna manera? "Ésa es una actitud infantil; nosotros somos los adultos", dice el psicólogo, experto en educación sexual en centros de menores, Santiago Agustín. Como él, muchos otros expertos sostienen que rebajar la edad penal, además de ir contra la Convención de los Derechos del Niño, no serviría de nada. Apuestan por la educación, por ir a las causas del problema (que suelen ser muchas y terribles) y trabajar con los niños, sus familias y su entorno. "Todo lo que se haga de acuerdo con el menor y la familia tiene mejores resultados", sostiene Esther Giménez-Salinas, rectora de la Universidad Ramón Llull y catedrática de Derecho Penal.
En definitiva, unas medidas socioeducativas que, con la legislación actual, ya se pueden tomar, e, incluso, pueden acabar con los menores infractores en centros cerrados en los casos más graves, asegura el jurista, ex fiscal de menores de la Comunidad de Madrid, Félix Pantoja.
Otra cosa bien distinta es cómo se utilizan, cómo funcionan, con qué medios y con qué limitaciones se encuentran esos mecanismos, que en la práctica totalidad de los casos son gestionados por los servicios sociales de las comunidades. Las distintas posibilidades, la dispersión normativa y de medios en autonomías, diputaciones e, incluso, ayuntamientos muchas veces conforman una maraña de recursos inconexos que ralentizan la toma de unas medidas que deben ser muy rápidas. "Las comunidades tienen que asumir su responsabilidad y crear los mecanismos especializados para responder adecuadamente lo más rápido que se pueda", añade Pascual Jiménez de Bagüés, educador del Equipo de Menores de Catorce Años, organismo creado por los servicios sociales en la provincia de Zaragoza para los chavales que cometen delitos por debajo de esa edad.
Empezaron a trabajar en 2002 porque los profesionales de protección de menores no especializados dejaban desatendidos el 95% de los casos de infractores menores de 14 años. La razón es que suelen trabajar con casos claros de abandono o desamparo, es decir, que el niño esté solo o desatendido por sus padres, algo a lo que no responde ese alto porcentaje de los infractores.
La fiscal de Menores del Tribunal Supremo, Consuelo Madrigal, explica q ue cada comunidad ha ido desarrollando sus propias normativas desde la aprobación de la ley del menor de 2000, que se han ido adaptando, dice, a estas situaciones, pero con una dispersión tal que se crea mucha "inseguridad jurídica". En cuanto a la eficacia de esas medidas socioeducativas dice, a la gallega: "Depende de las comunidades autónomas y de los medios".
Por ejemplo, el equipo zaragozano al que pertenece Jiménez es pionero en España; luego han ido llegando otros en Guadalajara, Cuenca y Granada. "Y funciona; sólo el 6% vuelve a cometer alguna infracción después de que trabajemos con ellos", asegura el educador. Pero, por regla general, con un niño infractor de 13 años o menos, "si es por pequeños delitos, como hurtos o peleas, no se suele hacer nada", explica Madrigal. Si hay reincidencia, continúa, o si el delito es muy grave -"algo que ocurre muy poco, lo cual no significa que no haya que intervenir"-, la fiscalía emite un informe que manda a los servicios sociales de la comunidad para que ellos evalúen la situación y tomen las medidas. Para José Antonio Luengo, secretario
general del Defensor del Menor de la Comunidad de Madrid, el hecho de que las medidas a tomar dependan de los servicios sociales de cada comunidad las convierte en "insignificantes". "Probablemente no sea necesario rebajar la edad penal, pero sí hacer un protocolo estable y planificado de actuación", sostiene Luengo.
En cualquier caso, para otros el gran problema radica en que las medidas que se toman desde los servicios sociales no son obligatorias, y tienen que contar con la aceptación de las familias. Algunos fiscales, cuando piden la rebaja de la edad penal no es para encerrar a los niños, sino para poder imponerles esos programas educativos. Por ahora el margen más claro que existe para poder hacerlo es que los chavales estén en una clara situación de abandono o desamparo, con lo que la comunidad asumirá su tutela. En muchos casos, ese menor irá a un centro de acogida, sin embargo, esos centros no tienen grandes medidas de seguridad y los chicos y chicas se pueden escapar, recuerda Teresa Gisbert, fiscal jefe de la Audiencia de Valencia y especialista en menores.
Por eso, el Defensor del Menor de la Comunidad de Madrid, Arturo Canalda, proponía hace unos meses desde las páginas de este diario que se impongan "medidas de contención obligatorias" para estos casos. Los jueces de primera instancia, de hecho, pueden tomar las decisiones que consideren necesarias para apartar al menor de una situación de riesgo para sí o para los demás. Sin embargo, no se suele recurrir a esta posibilidad salvo en casos muy extremos y, de nuevo, es mucho más difícil si el menor tiene una familia que se ocupa, aunque sólo sea más o menos, de él.
El problema, para el psicólogo Santiago Agustín, es que "se acaba castigando la situación
social del chaval". En Andalucía, por regla general, no hay protocolos especiales para estos chavales y, en concreto, en Málaga, cuando alguno llega desde la fiscalía y su "situación personal y familiar no es grave, la apertura de expediente suele llevar aparejada una carta de información a los padres o la solicitud de una entrevista con los mismos", según un estudio de 2007 de las profesoras de derecho María José Bernuz Beneitez, Esther Fernández Molina y Fátima Pérez Jiménez. Y cuando se interviene porque su situación social y familiar es grave, se hace "sin atender particularmente a la comisión de la infracción".
Titulado Menores de 14 años que cometen delitos, el texto concluía que existe esa dispersión de políticas y planteaba: "Si la solución a estas conductas está en una reforma legislativa o más bien en una adaptación de las prácticas administrativas y sociales a una situación que, en cualquiera de los casos, reclama urgentemente una respuesta. Dada la importancia que tiene una intervención educativa realizada a tiempo en la prevención de la reincidencia, sobre todo de comportamientos violentos, habría que apostar por respuestas que, como la justicia reparadora, favorezcan la responsabilización y la concienciación del menor sobre las consecuencias de sus actos".
Porque, de hecho, la incógnita que se abre es si sirven de algo los internamientos por sí solos. El Defensor del Pueblo publicó hace unos meses un informe en el que se quejaba de las enormes carencias de estos centros de menores donde en muchas ocasiones se olvida completamente la función educadora o reeducadora. Además, ponía de manifiesto que la mayoría de ellos son de gestión privada, por lo que se produce lo que el psicólogo Javier Urra calificó como una "desresponsabilizacón" de las administraciones, algo que planea sobre todos los mecanismos, judiciales y extrajudiciales, de protección y reforma del menor -el 70% de los centros de reforma también son de gestión privada, algo que seguramente provocaría grandes aspavientos sociales si se tratara de cárceles para mayores de edad-.
De hecho, el Poder Judicial emitió un informe el año pasado en el que no sólo puso de manifiesto que 6.000 sentencias de menores no se ejecutan por falta de medios, sino que, en
concreto, la falta de centros, educadores y recursos terapéuticos hace "que los objetivos educadores y resocializadores de la jurisdicción de menores no pueden ser alcanzados".
En el caso concreto de los infractores menores de 14, la fragmentación ya señalada hace muy difícil hacer una valoración general de este tipo, aunque todo apunta también a una escasez de medios. Sin embargo, el psicólogo madrileño Santiago Agustín considera "que hay recursos, sólo hay que ordenarlo y usarlos bien".
En el equipo zaragozano de menores de 14 años, lo primero que se hace es trabajar en apoyo de la víctima. Después con el agresor y su familia. "Es cierto que no tienen que aceptar la ayuda, pero aunque sean reacios, y aun en ese 10% en el que los menores no reconocen haber cometido el delito, se acaba aceptando el apoyo", asegura Pascual Jiménez. Y si finalmente los padres y el menor se cerraran en banda en un caso grave, Jiménez asegura que el caso iría al juez alertándole de la clara situación de riesgo del menor.
Sólo han tenido un caso grave de abuso sexual en los siete años del equipo, y hoy, agresor y víctima tienen una vida normal, asegura. En su actuación, lo primero es que el infractor entienda que lo que ha hecho está mal y asuma las consecuencias. Se intenta que compense a la víctima de alguna manera y también a la sociedad, por ejemplo, con programas educativos que tengan que ver con el delito cometido. También ofrecen talleres (de solución de problemas, habilidades sociales o control emocional) e incluso programas de orientación familiar para padres e hijos. "Se les puede tratar en abierto y con garantías", dice Jiménez, pero también han llegado a sacar a dos chavales de su entorno para llevarles a centros en zonas rurales.
A menudo, a estas intervenciones se les acusa de buenistas, sin embargo, una larga lista de expertos y trabajadores las defienden, no sólo como las mejores, sino como las eficaces para la sociedad.
Entiéndelo, todo acto tiene consecuencias
En las últimas semanas se han cometido dos violaciones múltiples protagonizadas por menores en Andalucía. Algunos de los agresores tenían sólo 13 años. ¿Qué lleva a chavales tan jóvenes a cometer estos actos? Los expertos coinciden en que no existe una explicación única para las agresiones sexuales cometidas por menores, en ocasiones producto de patologías de la personalidad, pero comparten la opinión de que el acceso a contenidos violentos a edades tempranas y sin ningún control está en el fondo de muchos de esos comportamientos. Señalan que los adolescentes pierden la capacidad de discernir entre el bien y el mal ante la recepción de mensajes que no tienen madurez para asumir y que el acceso indiscriminado a contenidos pornográficos violentos les insensibiliza, eleva su umbral de sorpresa y fomenta la imitación. Resaltan la necesidad de límites y el papel educador de los padres.
Marta de Prado, psicóloga del servicio de Atención a Víctimas del Delito de los juzgados de Madrid, señala que "cada edad tiene asociado un tipo de información que recibir y no se está valorando lo que a nivel evolutivo se está preparado para asimilar". Algo con lo que coincide José Antonio Luengo, secretario general del Defensor del Menor. Luengo señala que los adolescentes reciben una dualidad de valores contradictorios. Por un lado "crecen en la empatía y el respeto al sufrimiento ajeno; por otro, se nutren de experiencias en un escenario virtual que nadie controla y en el que todo vale", explica, e incide en que la vivencia virtual, que se asimila a través de imágenes, es la que prevalece. Los procesos de imitación surgen con frecuencia, porque los adolescentes, o niños, "no son conscientes de que eso tiene consecuencias". Luengo habla con preocupación de que los menores han pasado de educarse
en escenarios tradicionales donde casi todo está planificado (la casa, la escuela y el barrio) a hacerlo en un escenario virtual "donde están completamente solos".
La psiquiatra María Inés López-Ibor cree que la edad a la que se comete este tipo de actos es cada vez menor, aunque no existen estudios al respecto, y lo relaciona con un consumo de alcohol cada vez más temprano y presente en muchas agresiones. "Puede que estemos ante un fenómeno que se está adelantando", afirma.
En todo caso, los tres destacan que la educación es básica para evitar este tipo de comportamientos. A los padres corresponde controlar lo que sus hijos hacen en la Red, y es necesario que les dediquen más tiempo: "Ya no vale calidad frente a cantidad", explica Luengo. López-Ibor insiste: "Hay que inculcar a los adolescentes que sus actos tienen consecuencias que deben asumir".
La Federación de Planificación Sexual Estatal reivindica una educación sexual "en el respeto de los límites propios y del otro" para prevenir y reeducar a los agresores. Raquel Hurtado, coordinadora de los programas de educación, sostiene que los adolescentes no reciben una formación sexual de calidad y denuncia la falta de centros de atención específicos para jóvenes. "La OMS recomienda uno cada 100.000 habitantes, y en España no se cumple", afirma.

viernes, 24 de julio de 2009

En la luna de Valencia


Dos noticias. Una extraída del diario El País. La otra del portal digital Crítica de Argentina. Me llamó la atención cómo a los delincuentes (convengamos en que por lo menos ostentan ese rango para empezar a hablar) de similar tendencia ideológica, se les encubre la cara y el nombre a algunos y se le delata con fotos y nombres y apellido a otros. ¿No son dignos de temer todos ellos?, y de no ser así, los que creemos que son de temer, ¿no tenemos derecho a escracharlos ante el resto de la sociedad?. Pregunto. Porque si uno no pregunta como aprende ¿No?. Tampoco es cuestión de andar rascandosé toda vida en la luna de Valencia. Saludos cordiales a toda la humanidad. Mariana Hernández Larguía

Detienen en Valencia a represor argentino
Se trata del ex subcomisario de la Policía Federal Jorge Alberto Soza, acusado por delitos de lesa humanidad durante la última dictadura militar.

El ex subcomisario de la Policía Federal argentina Jorge Alberto Soza fue detenido en la comunidad española de Valencia por delitos de lesa humanidad durante la última dictadura militar, informó este viernes la policía española.Soza, de 72 años, estaba siendo buscado por las autoridades argentinas, ya que está procesado por su presunta implicación en 18 casos de detención ilegal, secuestro y torturas.Según la policía española, el ex segundo jefe de la delegación de la policía en la provincia argentina de Neuquén podría ser condenado a entre tres y 15 años de cárcel.Los delitos "se remontan al período comprendido entre septiembre de 1975 y principios de 1977, en la ciudad de Neuquén, ubicada en la Patagonia argentina", añade el comunicado.La Justicia argentina considera que Soza participó en el secuestro y la tortura de personas "acusadas de formar parte de células terroristas que operaban en la región, en al menos 18 ocasiones".Soza se trasladó a vivir a España en 1992 y se radicó con su familia en la localidad valenciana de Carcaixent, donde adquirió la nacionalidad española.Según las cifras oficiales, en la Argentina desaparecieron unas 10.000 personas durante la última dictadura militar (1976-1983) mientras que organismos de derechos humanos hablan de hasta 30.000.


Primera condena en España contra un grupo neonazi por asociación ilícita
La sentencia impone dos años y medio de prisión al cabecilla de los Hammerskin y un año y medio a los otros 14 miembros

ANAÍS BERDIÉ - Madrid - 24/07/2009
La Audiencia Provincial de Madrid ha condenado por asociación ilícita a los 15 acusados de pertenecer al grupo neonazi Hammerskin España. Al cabecilla del grupo, José Eduardo C. H., se le impone una pena de dos años y medio de prisión y al resto de un año y medio. A Ángel M. N. se le condena además por tenencia ilícita de armas a otro año. Es la primera vez que se condena en España a un grupo neonazi por asociación ilícita.
Los cabezas rapadas estaban acusados de organizar conciertos, distribuir fanzines y realizar actos en los que se exaltaba y promovía el racismo. "El Tribunal entiende suficientemente acreditada la existencia de la organización Hammerskin España, compuesta por una pluralidad de personas, entre los que se encuentran todos y cada uno de los acusados (...), asociación cuyo fin, de acuerdo con la ideología de sus miembros y en aplicación de la misma, es promover la discriminación, el odio o la violencia contra personas, grupos o asociaciones por razón de su ideología, religión o creencias", señala la sentencia .
En el registro de los domicilios de los ahora condenados, que se realizo en el año 2003, se encontraron numerosos objetos de ideología neonazi (banderas con esvásticas, vídeos con títulos como El fascismo que viene o Nazis en España, fotografías de los acusados rodeados de parafernalia nazi). Las conversaciones telefónicas de algunos de los acusados, intervenidas por la Guardia Civil desde finales de 2003, y la declaración de un testigo protegido, un periodista que se infiltró durante un año en las bandas de skins españolas, fueron aspectos claves del juicio, que se celebró durante las dos últimas semanas de junio.

lunes, 6 de julio de 2009

Gripe porcinadie lo sabía


Dos noticias sobre la gripe A, una del Página 12 y la otra de Sur.es. Las dos son muy interesantes en toda su extensión pero aquí les transcribo un párrafo que me llamó poderosamente la atención de cada una. Este es el párrafo del Página 12, “Las autoridades del IRAR decidieron seguir puntillosamente el protocolo recomendado por las autoridades sanitarias del país en caso de detección de síntomas gripales, recluir al chico o paciente en su habitación. A la sazón, fueron recluidos en celdas individuales muy distantes de lo que es la habitación de un niño o una sala hospitalaria: “Como es de su conocimiento –le recuerda la CTC al ministro–, las celdas, que son lugares pequeños, húmedos y que carecen de las condiciones mínimas de habitabilidad, en forma alguna garantizarán la salud de los mismos; más aún, implicarán un deterioro psicológico que puede desembocar en actitudes de autolesiones”. El que avisa no es traidor, digo yo. Y este es el párrafo de Sur.es, “Un día después de la masiva concurrencia a las urnas, la ministra que recomendaba suspender el acto electoral presentó su dimisión y las autoridades de Salud de Buenos Aires y la provincia homónima declararon la emergencia sanitaria”. El que avisa no es traidor, vuelvo a decir yo. Un beso con barbijo para todos. Mariana Hernández Larguía.

En las cárceles, el A H1N1 encuentra hacinamiento, frío y humedad
El mejor caldo de cultivo

Horacio Cechi

Dos adolescentes en un penal de Rosario fueron “confinados” en celdas de aislamiento, contagiados de gripe A. En Ezeiza entregaron 40 termómetros y analizan a los familiares. En Batán habría fallecido un jefe de traslados. Nueve internos de Ezeiza y Devoto hospitalizados.
En las cárceles, el virus A H1N1 encuentra, su caldo de cultivo en las condiciones de alojamiento.
El Estado empieza a descubrir que aquellos contenedores de desechos que vienen a ser las cárceles tienen vasos comunicantes con sus propias calles, pese a la presunta infranqueabilidad de sus muros, y que son verdaderos caldos de cultivo. El declamado distanciamiento social no sólo no se cumple sino que parece un discurso de patética ironía, hacinamiento mediante. Dos adolescentes detenidos en Santa Fe, en el Instituto para Adolescentes, IRAR, de Rosario, quedaron internados en sus celdas porque se les detectó gripe A. En Batán, del Servicio Penitenciario Bonaerense, según el boca a boca de presos y familiares, un jefe de traslados de la unidad murió con la carga viral del A H1N1. En las unidades federales de Ezeiza (presumiblemente en el resto de las federales también), los guardias usan barbijo y los presos, no. Más allá de la inutilidad del barbijo entre los sanos –según lo viene insistiendo la más alta autoridad de Salud del país–, el cuadro ambivalente no deja claro si es que los guardias están enfermos y trabajan a destajo, o si están sanos y presumen que los presos llevan el dramático virus, lo que pondría en complicaciones al sector de salud penitenciaria. El primer pasito para revertir la situación ya fue dado: la dirección del SPF compró 40 termómetros. Y en Ezeiza colocó cámaras gamma para controlar si las visitas entran con gripe. En caso de detectarla, rechazarán el ingreso. Obviamente, el control se hace después de la gratificante requisa.
Aunque en el país el alerta por el virus A H1N1 circula con formato alarma televisiva desde que se disparó la gripe en México, la idea de que los muros carcelarios no son asépticos demoró más de dos meses en abrirse a la luz. Organizaciones vinculadas con temas carcelarios aseguraron a Página/12 que llegaban pedidos y reclamos de familiares desde hace tiempo. En Rosario, el 25 de junio, en oportunidad de un motín con quema de colchones en la comisaría 21ª de esa ciudad, la Coordinadora de Trabajo Carcelario de Rosario denunciaba que “nos llama poderosamente la atención la falta de medidas preventivas con relación a la gripe A”. La denuncia agregaba que “atento las condiciones de detención en las comisarías y el hacinamiento que se vive en las mismas, difícilmente pueda sostenerse el ‘distanciamiento social’ que tanto pregonan las autoridades de salud provinciales”.El 1º de julio pasado, la misma coordinadora rosarina envió una carta al ministro de Justicia santafesino, Héctor Superti, en el que se le informaba, en carácter de “urgente”, que dos jóvenes alojados en el Instituto de Recuperación del Adolescente de Rosario, IRAR, se habían contagiado de gripe A.Usualmente, en una cárcel la custodia y protección se implementa como si se tratara de un castigo. El caso de los dos jóvenes del IRAR no parece una excepción. Las autoridades del IRAR decidieron seguir puntillosamente el protocolo recomendado por las autoridades sanitarias del país en caso de detección de síntomas gripales: recluir al chico o paciente en su habitación. A la sazón, fueron recluidos en celdas individuales muy distantes de lo que es la habitación de un niño o una sala hospitalaria: “Como es de su conocimiento –le recuerda la CTC al ministro–, las celdas, que son lugares pequeños, húmedos y que carecen de las condiciones mínimas de habitabilidad, en forma alguna garantizarán la salud de los mismos; más aún, implicarán un deterioro psicológico que puede desembocar en actitudes de autolesiones”.La situación no parece diferente en ninguna unidad de ninguna jurisdicción. En ese aspecto, y como muestra de no discriminar los virus, el tratamiento en profundidad fue tan profundo para resolver tuberculosis como gripe A. Según informaron familiares a este diario, la semana pasada el director del SPF, Alejandro Marambio, entregó en el Complejo de Ezeiza un equipo de cámaras gamma, capaz de detectar las temperaturas corporales y con ello presumir estados febriles que identifiquen la gripe. El equipo de gammas se colocó para recibir a las visitas, siguiendo el presunto criterio de la asepsia intramuros. “Pero se puso después de la requisa. Si los rechazan, igual los desnudaron para revisarlos antes.” Para completar el alerta profundo contra la gripe, Marambio hizo entrega de 40 termómetros.La ONG Grupo de Mujeres de la Argentina, Foro de VIH, Mujeres y Familia, denunció la semana pasada que en Ezeiza y Devoto “fueron realizados traslados a hospitales extramuros nueve casos sospechosos de haber contraído gripe A H1N1”.Por otro lado, la Asociación de Familiares de Detenidos (del SPF) declaró su preocupación por “el hacinamiento en la U2 de Devoto”; por “el frío, la ausencia de calefacción y agua caliente, vidrios rotos en las ventanas”; “falta de jabón para lavar las manos y elementos de higiene”; “utensilios de cocina compartidos”; barbijos para los penitenciarios y no para los presos. Además agregaron que en el CPF I de Ezeiza, “para visitar a nuestros familiares, desde la puerta de entrada a los módulos, hay centenares de metros, que siempre recorríamos en micros especiales. Como se rompieron y no los arreglaron, ahora nos llevan en los mismos camiones donde trasladan a los presos, sin ventilación y sin condiciones de higiene”.Marambio los recibirá hoy a las 11. Allí le preguntarán qué atención reciben los enfermos de HIV, las mujeres embarazadas, las madres con hijos menores de cinco años. Cuántos médicos y enfermeros hay recorriendo el sistema; cuántos infectólogos tiene el servicio. En fin, le preguntarán si las medidas sanitarias se profundizan o alcanza con entregar 40 termómetros.

Cien mil casos de gripe A en Argentina

La publicación de la cifra, resultado de una estimación sin confirmar, ha desencadenado una ola de pánico y las primeras tensiones en el gobiernoMarcela Valente. Buenos Aires / Sur.es
El nuevo ministro de Salud de Argentina, Juan Luis Manzur, estimó ayer en 100.000 el número de personas afectadas por la gripe A y desató una ola de pánico en el país sudamericano, donde se decretó un parón escolar de un mes para intentar frenar la epidemia. La presidenta, Cristina Fernández de Kirchner, pidió «responsabilidad y prudencia» en la difusión de datos.
Hasta ahora, el ministerio sólo contaba unos 1.500 afectados. El número era el total de casos confirmados con análisis de laboratorio. En cuanto a los fallecidos, la cifra provisional está cerca de 50. Pero el nuevo ministro de Salud ha adoptado el criterio de inferir el verdadero número de contagios a partir de los confirmados.
Así, Manzur explicó que en lo que va de año hubo 320.000 casos de gripe estacional y estimó que sobre ese total se debe suponer que 100.000 son del nuevo virus. «Estamos infiriendo en base a datos epidemiológicos que nosotros tenemos. No hay 100.000 casos confirmados por laboratorio porque sería imposible», explicó.
Decisiones aplazadas. Estas declaraciones incrementaron el miedo entre la población y el malestar contra el gobierno de Fernández, que habría postergado decisiones clave en el manejo de la propagación para después de las elecciones legislativas que se celebraron el domingo pasado.
La antecesora de Manzur, Graciela Ocaña, había recomendado suspender los comicios para evitar aglomeraciones pero fue desoída. Además, la directora de la Organización Panamericana de la Salud, la argentina Mirta Roses, lamentó ayer que el pico de la epidemia haya coincidido con las elecciones. «Creo que una de las situaciones desafortunadas en Argentina ha sido una combinación que no recomendamos, que es que se mezclen pandemias con procesos electorales», dijo.

Efecto dominó. Un día después de la masiva concurrencia a las urnas, la ministra que recomendaba suspender el acto electoral presentó su dimisión y las autoridades de Salud de Buenos Aires y la provincia homónima declararon la emergencia sanitaria. Se dispensó a las embarazadas de asistir a sus empleos durante 15 días, se anticiparon las vacaciones judiciales y se liberó a empleados públicos con hijos menores de edad. Además se anunció la suspensión de clases en todos los centros educativos a partir del lunes 6.
La medida fue ampliada luego por municipios que decidieron adoptarla esta misma semana. Más aún, algunos dispusieron el cierre de locales de entretenimientos, espectáculos, gimnasios y centros de compras. Esa alternativa, que fue descartada por el gobierno nacional, podría ser adoptada a partir del lunes a tenor de la gravedad de la situación.