lunes, 24 de octubre de 2011

Hecha la ley, hecha la trampa


Grietas en la lucha contra el machismo
La interpretación sesgada de algunos jueces y el perdón de las víctimas al maltratador amenazan la eficacia de la ley de Violencia de Género
JOAQUINA PRADES 24/10/2011
Fue una de las escasas leyes respaldadas por la unanimidad de los políticos. Pero, tras seis años de aplicación, a la ley integral de Violencia de Género se le han detectado grietas, y algunas tan severas que desvirtúan su aplicación. Los expertos consideran que falla la base misma la ley, la prevención, porque no se ha trasladado el combate contra el machismo a colegios e institutos, y los adolescentes continúan perpetuando el modelo patriarcal de los adultos. Falla la actitud de una parte de los jueces, quienes orillan el espíritu de la ley y lo que esta tipifica como delito ellos lo califican de simple falta. Fallan también las propias víctimas, muchas de las cuales no se ratifican en la denuncia y el agresor sale impune. Falla, igualmente, la valoración de riesgo por parte de la policía y la Guardia Civil: la mayoría de las 54 fallecidas en 2010 que habían presentado denuncia -el total de víctimas mortales fue de 73- habían recibido la calificación de "riesgo bajo o inexistente".
¿Naufraga el buque insignia del primer Gobierno de Zapatero? La mayoría de los expertos cree que no, que la ley integral aprobada en 2006 sigue siendo una buena ley, reconocida en la Unión Europea como una de las más vanguardistas y eficaces en la protección de la mujer, pero sí precisa de una amplia reforma.
Las cuatro juezas y los tres jueces que integran el grupo de expertos del Observatorio de Violencia de Género -creado por el Consejo General del Poder Judicial para supervisar la aplicación de la ley y la realidad del maltrato en España- han presentado un proyecto de reforma al Parlamento que matiza varias cuestiones que causan distorsión, pero coinciden en que el desajuste fundamental de la ley es la inseguridad jurídica que genera que una parte de los jueces la aplique conforme a los motivos que la generaron y otros actúen como si la ley nunca hubieras sido aprobada. Recientes sentencias así lo confirman.
Una violación del maltratador a su exesposa no es tal porque ella no opuso resistencia; una condena con orden de alejamiento por lesiones y amenazas es revocada porque la mujer está ilegalmente en España y la condena del novio le vendría muy bien para evitar su expulsión. Demasiadas ventajas para la mujer; el juez no se fio. Una víctima de la mafia rusa obligada a prostituirse nada pudo hacer contra su proxeneta porque el magistrado advirtió un detalle fundamental: ella tenía un móvil y sin embargo no lo usó para escaparse. ¿Que podían existir amenazas contra ella o su familia o desconocía el idioma y la legislación española? No influyó en el ánimo del juzgador. Si la mujer tardó seis meses en pedir auxilio, algún tipo de acuerdo tendría con su explotador, que resultó absuelto. Estas sentencias fueron dictadas, respectivamente, por las Audiencias Provinciales de Sevilla, Cantabria y Madrid.
Antecedentes de la fidelidad al diccionario en el término "zorra" del magistrado Juan del Olmo, miembro de la misma Audiencia, la de Murcia, que tampoco creyó que si una mujer duerme en el suelo del domicilio que comparte con el agresor lo hace por miedo, o que amenazar de muerte en un proceso de divorcio constituye delito. Igualmente, patear a la pareja no es "causa de dominación".
Esta expresión, la "causa de dominación", es probablemente el talón de Aquiles de la ley.
Tras las críticas unánimes originadas por la sentencia de la zorra, la asociación profesional a la que Del Olmo pertenece, Jueces para la Democracia (JpD, de carácter progresista, emitió un comunicado que generó una fuerte contestación interna entre sus asociados y fue rechazado por la mayoría de organizaciones feministas. El texto usaba expresiones como "campaña de desprestigio", "arma propagandística", "intereses ajenos a la recta formación de la opinión pública". La inmediata reacción de la dirección de JpD apuntaba -aunque no valoraba- el fondo de la polémica: "Coexisten dos líneas jurisprudenciales interpretativas. La primera, de corte literal, que entiende que para que exista un delito de violencia de género basta con que, en el marco de una relación sentimental, el varón golpee o amenace a la mujer. La segunda, de orientación finalista, que sostiene que, además, es preciso que se acredite en el caso concreto que la conducta presente rasgos distintivos de discriminación por razón de sexo, que evidencien la existencia de una situación de dominación del hombre sobre la mujer. Ambas opciones son jurídicamente admisibles, y muchos juzgados y tribunales aplican una u otra".
El problema, aunque el comunicado de JpD no lo mencionara, radica en cómo demuestra ante un tribunal una mujer maltratada que el agresor persigue, además de la vejación, un ánimo añadido de dominación. Responde la titular de un juzgado de Violencia de Género de Madrid que prefiere guardar el anonimato: "Si existe una lista de antecedentes de agresión y una sucesión de partes de lesiones a la víctima, se supone que son pruebas suficientes de dominación".
Pero ¿qué ocurre cuando ninguna de estas dos circunstancias se dan en una denuncia por maltrato?
Inmaculada Montalbán, la presidenta del Observatorio de Violencia de Género, asegura: "Eso es imposible de demostrar. Es una prueba diabólica, que además no está contemplada en la ley integral".
No está en la ley pero sí en una sentencia del Tribunal Supremo de 2009 que dirimió que la pelea que mantuvieron José María y su exmujer Sonia, ambos de Murcia, en la que él recibió arañazos y ella lesiones que tardaron cinco días en sanar: "No debe considerarse necesaria y automáticamente como violencia de género". Pudo ser una "trifulca matrimonial" con "agresiones mutuas", pero no "dominación del hombre sobre la mujer". Esta interpretación, creen los expertos del Poder Judicial, canalizó el malestar de una parte de los jueces ante una ley que acaparó numerosos recursos de inconstitucionalidad. Los magistrados más críticos exigen desde 2008 que la mujer demuestre ser víctima de una dominación machista reiterada.
Julián Sánchez Melgar, uno de los cinco firmantes de esa sentencia del Supremo, discrepó en un voto particular y recordó que ante "las razonables dudas" que existen a la hora de aplicar una ley que mide el delito con distinto rasero en función del género y puede desvirtuar la proporcionalidad de las penas, el Tribunal Constitucional legitimó la discriminación positiva en favor de las mujeres por "razones estadísticas e históricas". El alto Tribunal tuvo en cuenta la situación de desprotección de la mujer frente al varón y trató de compensarla, pero no aclaró las circunstancias concretas en que el espíritu de la ley tiene que ser trasladado literalmente a autos y sentencias. El mismo Tribunal Supremo dictó poco después otra sentencia, con Perfecto Andrés Ibáñez, en sentido contrario a la de 2006.
"En la justicia, la peor sensación para un cuidadano es pensar que el azar juega un papel decisivo; que si tienen suerte y les toca un juez consciente de la desventaja real de las mujeres fallará de forma distinta a si les correspondiera otro que no quiere o no puede orillar los milenios de misoginia que la sociedad arrastra", añade la juez de violencia de género.
El Poder Judicial ha propuesto al Congreso y al Senado una nueva redacción del artículo de la ley en la que al acto del maltrato se le añada la frase "con cualquier fin". Inmaculada Montalbán cree que esta nueva fórmula o una sentencia del Supremo de unificación de doctrina, "acabarían con esta preocupante sensación de inseguridad jurídica". La disolución de las Cortes ha dejado en suspenso la tramitación de la reforma.
El otro punto débil de la ley lo constituyen, en opinión del Consejo, las renuncias de las mujeres una vez iniciado el proceso de maltrato. Cerca del 15% del total de denuncias es archivado porque la mujer retira la demanda. Son las que padecen dependencia emocional con el agresor, y creen en su arrepentimiento y en que los episodios violentos cesarán porque en el fondo las quieren. En otras ocasiones, las mujeres dan marcha atrás porque no tienen casa donde vivir ni oficio para mantenerse.
Según la ley, si la mujer cuyo testimonio es la principal prueba de cargo retira la denuncia esta se archiva. Cuando se trata de un caso de especial gravedad, el fiscal puede proseguir la causa, pero la falta de colaboración de la víctima suele derivar en la absolución del maltratador. Para corregirlo los jueces proponen que la investigación prosiga de oficio, independientemente de la voluntad de la agredida, y que se incluya la violencia de género dentro de las categorías penales que conllevan seguimiento del agresor después de la condena, como ocurre ahora con pederastas, violadores y terroristas. La reincidencia que justifica la vigilancia se da también en la violencia machista. "Quien insulta y veja acaba pegando; y quien pega, repite. Eso lo vemos cada día en los juzgados", concluye la veterana juez que preside el Observatorio.

lunes, 17 de octubre de 2011

Guatemala y Guatepeor


REPORTAJE: GENOCIDIO EN GUATEMALA
Feminicidio silenciado
Más de 100.000 mujeres fueron violadas durante 36 años de conflicto en Guatemala. Aquellas agresiones han marcado un presente en el que la violencia de género se ha hecho habitual
OFELIA DE PABLO / JAVIER ZURITA 16/10/2011
Guatemala sigue siendo territorio hostil para una mujer: 685 asesinadas en 2010, 120 en lo que va de año. Las cifras de violaciones y torturas superan la de cualquier otro rincón de Sudamérica. Incluso a Ciudad Juárez. Esta estadística es una secuela del periodo más negro del conflicto vivido en este país durante 36 años (1960-1996) cuando más de 100.000 mujeres fueron violadas y torturadas siguiendo un programa de exterminio de la etnia maya. Todo ello ha configurado una cultura de violencia sin castigo contra la mujer, para quien solo existe un 1% de posibilidades de que su caso llegue a la justicia. En ese contexto, una causa instruida por la Audiencia Nacional española se ha convertido en la única posibilidad de cambiar el destino de las mujeres guatemaltecas. La guerra interna entre el Gobierno y la guerrilla se saldó con más de 200.000 muertos en su mayoría indígenas de origen maya. La violación, la mutilación, la esclavitud sexual y el feticidio (asesinato de fetos) fueron utilizados como medio para exterminar a los mayas: destrozar a la mujer era la herramienta para destruir al pueblo. Un perfecto plan organizado para el cual el ejército fue cuidadosamente entrenado, según detallan los informes de la Comisión del Esclarecimiento Histórico de Guatemala.
Una de esas víctimas fue Teresa Sic: "Al encontrarme, los soldados me agarraron a la fuerza, me llevaron cerca del río y me violaron. Eran más de ciento cincuenta. Ese día estaban también violando a más mujeres de la aldea. Quemaron todo. Me amarraron y me logré soltar con la ayuda de mi hija de cinco años. Busqué ayuda. Tenía hambre y miedo, pero nadie nos alojaba".
Es en 1999 cuando la Audiencia Nacional española admite a trámite la querella presentada por la Fundación Rigoberta Menchú Tum, en la que se acusa por primera vez al antiguo jefe de Estado, Ríos Montt, y a otros siete oficiales, de terrorismo, genocidio y tortura sistemática. Cinco años después, la Audiencia dicta un auto de procesamiento contra los ocho generales, pero las autoridades guatemaltecas se niegan a extraditarlos. Para ellas, las violaciones en masa ocurridas durante el conflicto fueron consideradas "simples daños colaterales".
"Días después me llevaron forzosamente al destacamento militar de El Chol", continúa la narración de Teresa Sic, "donde fui violada por muchos soldados durante 15 días seguidos, donde solo me dejaban descansar brevemente para dormir. (...) Nos dieron sangre de toro, para que la bebiéramos, y carne cruda para comer".
En el departamento del Quiché, al norte de la capital de Guatemala, los verdes campos de siembra y sus coloridos mercados esconden uno de los macabros secretos de la historia del país. Esta es la zona donde la violencia durante el conflicto fue extrema sobre todo en los años ochenta. Las mujeres sobrevivientes del genocidio han decidido romper su silencio y plantar cara al Gobierno acusando a los culpables. "Tenemos que esclarecer los hechos y que el Estado reconozca de verdad, ese es mi mayor deseo", dice Feliciana, "estamos sin voz, la violación durante el conflicto armado parece que no existió".
Las mujeres hablan del rechazo que sufren en sus comunidades por decir la verdad. "Nos señalan, nos insultan, hasta se ríen de nosotras aquellos que nos violaron", afirma María Castro, que no puede evitar desmoronarse al contar cómo, después de declarar como testigo en la Audiencia Nacional, en 2008, su hijo fue asesinado.
Patricia Yoj, abogada de etnia maya que colabora con las denuncias, afirma que "incluso el representante del Programa Nacional de Resarcimiento (plan estatal que se ocupa de la reparación de las víctimas del conflicto) dijo que no creía en las violaciones y esto salió publicado en los medios de comunicación. Es denigrante".
El rechazo por parte de sus maridos es lo más duro para estas mujeres que han sufrido las peores torturas. María Castro no quiere recordar, pero sabe que hacerlo puede salvar muchas vidas: "Los soldados me emboscaron, llevaba mi niña conmigo, la niña se asustó mucho, lloraba, gritaba, pero los soldados tiraron mi carga, me tiraron al suelo. Me acuerdo que eran tres los que me violaron, pero no sé cuántos más lo hicieron porque hubo un momento en el que perdí el conocimiento. Cuando desperté les vi recoger sus armas apresuradamente y marcharse hacia otro lugar. Mi hija me ayudó cargando a su hermanito, pero lloraba mucho, lo había visto todo". Su relato se detiene, sus ojos se llenan de lágrimas cuando cuenta que, de regreso a casa y al contar lo ocurrido, su marido la rechazó diciendo que si había vuelto viva era porque dejó que los soldados abusaran de ella.
María Toj no se separa de su nieta, es su más preciado tesoro, es la única que la mantiene con vida. Su nieta y también su lucha para que se reconozca lo ocurrido: "Me torturaron tanto a mí como a mi hijo. Me lo quemaron todo, me dejaron sin nada, solo con mi marido muerto y mi dolor". Los criminales campan a sus anchas por las calles, incluso conviven en la misma aldea, y lo peor es que las situaciones de violencia se siguen produciendo cada día. María Toj afirma cómo, hace una semana, "a una mujer la cortaron los pechos, la torturaron, la violaron y luego la quemaron viva justo aquí al lado".
España dará voz a estas mujeres. El juez Pedraz acaba de admitir a trámite una ampliación de la querella de 1999 en la que se contempla como un crimen internacional la violencia de género en Guatemala durante el conflicto. La ampliación, presentada por la ONG Women's Link de la mano de la abogada Almudena Bernabeu, la única mujer española que trabaja casos de Justicia Universal en la Audiencia Nacional y en Estados Unidos (en el Center of Justice and Accountability), incluye por primera vez el horror al que fueron sometidas estas mujeres.
Como perito para la causa estará Patricia Sellers, la primera mujer que consiguió que declararan la violación como arma de guerra en los tribunales internacionales especiales de la ex-Yugoslavia y Ruanda. "Cuando violas a un ser humano lo conviertes en un muerto viviente, le robas su más preciada intimidad y matas su futuro. Si quieres aniquilar a un pueblo esta es la mejor manera de hacerlo. La tortura sexual es la más destructiva de las armas", señala Sellers. Y añade que "es la primera vez que la violación como genocidio se juzga en un tribunal nacional y esto crea un precedente histórico. Les envía un claro mensaje a los culpables: no hay lugar para esconderse, los Estados no necesitan tribunales especiales".
"Este juicio abrirá un debate porque la falta de justicia es la que hace que la violencia de género aumente", dice Almudena Bernabeu. Paloma Soria, la abogada de Women's Link, afirma que "la sociedad guatemalteca equipara las violaciones y la tortura a las mujeres con el robo del ganado, con la quema de la milpa. Es necesario cambiar esto y que estas mujeres dejen de ser invisibles ante la sociedad". -

viernes, 7 de octubre de 2011

El nobel en femenino


El Nobel de la Paz premia el papel de la mujer en el cambio político y social

Galardonadas las liberianas Ellen Johnson-Sirleaf, presidenta del país africano y Leymah Gbowee, activista por los derechos de la mujer africana, y la opositora yemení Tawakul Kerman

El Comité Nobel de la Paz, reunido en Oslo (Noruega), ha decidido dividir el premio en tres partes este año. Tres nombres, tres mujeres, pero un mismo elogio: el papel de la mujer en el cambio político y social. Las galardonadas son la presidenta de Liberia, Ellen Johnson-Sirleaf, la también liberiana Leymah Gbowee, responsable de la organización Women Peace and Security Network Africa, y la activista yemení Tawakul Kerman.
Es la primera vez que el premio va a parar a una árabe. Tampoco, hasta ahora, el galardón que se falla en Oslo había elegido a tres mujeres -solo el 5% de los galardonados con este nobel. El presidente del comité, Thorbjoern Jagland, ha manifestado que las tres laureadas son recompensadas por "la lucha no violenta en favor de la seguridad de las mujeres y de sus derechos a participar en los procesos de paz".
Ellen Johnson Sirleaf, de 72 años, es desde 2006 la primera mujer africana de forma democrática para presidir su país. Leymah Gbowee, de 39 años, es una activista conocida por haber organizado el movimiento pacifista que logró poner fin a la segunda guerra civil en Liberia en 2003, lo que posibilitó precisamente la elección de Sirleaf.
Por su parte, Tawakul Kerman, es una política yemení y activista pro derechos humanos que lidera el grupo de Mujeres Periodistas Sin Cadenas, creado en 2005. Yemén es uno de los países árabes golpeados por la ola de cambio. Su presidente, Ali Abdulá Saleh, se mantiene en el poder pese a las protestas. Durante el pronunciamiento del jurado de Oslo, Karman se encontraba en la oración del viernes, informa Ángeles Espinosa desde Saná.
El galardón premia a tres mujeres y echa por tierra todas las quinielas que señalaban a la primavera árabe y los rostros de la revolución en los países del Norte de África y Oriente Próximo. También se han impuesto en la carrera al Nobel a candidatos como la presidenta de la Comisión Afgana Independiente de Derechos Humanos, Sima Samar, o los cubanos Osvaldo Payá y Óscar Elías Biscet.
La opositora birmana, Aung San Suu Kyi, liberada a finales de 2010 tras varios años de arresto domiciliario, también sonó con fuerza a pesar de que ya que fue galardonada con el Nobel de la Paz en 1991. Otro de los favoritos en las encuestas fueron la organización de derechos humanos Memorial y su dirigente Svetlana Gannushkina, la abogada chechena Lidia Yusúpova, la uigur Rebiya Kadeer y el activista Serguéi Kovaliov.
La entrega del premio se realizará en Oslo el próximo 10 de diciembre, aniversario de la muerte de Alfred Nobel. Los galardones están dotados con 10 millones de coronas suecas -unos 1,1 millones de euros- para cada una de sus seis disciplinas.
El premio fue a parar en la edición de 2010 al presidente estadounidense, Barack Obama.

domingo, 2 de octubre de 2011

El juego del ahorcado

A la horca con 14 años
Se llama Alphonse Kenyi. Aguarda en una prisión de Sudán del Sur a que un tribunal anule la condena a muerte dictada contra él cuando tenía 14 años. EL PAÍS le entrevistó entre los muros de una cárcel putrefacta
JOSÉ MIGUEL CALATAYUD 02/10/2011
Yo nunca dije ante el juez que hubiera matado a nadie". Alphonse Kenyi, que ya ha cumplido 15 años, está en la última ala de la prisión de Juba, reservada para los condenados a muerte. Lleva entre rejas desde octubre de 2009. Fue condenado por asesinato múltiple cuando tan solo tenía 14 años. Le señalaron como miembro de un grupo que iba por la ciudad matando gente, los llamados niggers. Está en el corredor de la muerte desde octubre de 2010. Sobre él pende la sombra de la horca. Su historia es el reverso oscuro de un proceso ilusionante. El pasado 9 de julio, Sudán del Sur se convirtió en un país independiente, y la ciudad de Juba, en la capital más joven del mundo. Tras una guerra de 22 años contra el norte, Juba es hoy una ciudad optimista que mira al futuro. La nueva corriente de esperanza llega hasta la prisión Central e incluso hasta el corredor de la muerte, donde los condenados sueñan con que el nuevo Estado los perdone.
Alphonse es el más joven de ellos. El sexto de siete hermanos y el único que pudo ir al colegio, aunque solo durante dos años. Sus padres, que estaban desempleados y con trabajos ocasionales, no podían permitirse pagar la educación de sus hijos. Vivían en Kalitok, un poblado a unos 85 kilómetros de Juba. En 2008 se trasladaron a la capital para que el padre, enfermo, pudiera recibir atención médica. La madre consiguió un trabajo en el Servicio de la Vida Salvaje, y Alphonse, como muchos otros niños en Juba, se dedicaba a recolectar botellas de plástico por la calle para venderlas como recipientes o para su reciclaje. Pero la libertad de moverse por las calles de Juba le duró a Alphonse solo un año: en octubre de 2009 fue arrestado por asesinato múltiple.
"Había habido disparos y asesinatos en Nyakuron [un suburbio de Juba], así que la policía empezó a buscar a cualquier persona con uniformes y pistolas. Me encontraron en mi casa y vieron el uniforme de mi madre. La policía me arrestó y me llevó a la comisaría", explica Alphonse.
Juba, la capital de Sudán del Sur, es una ciudad en ebullición. Destruida casi totalmente durante la guerra que acabó en 2005, hoy abundan los sitios en obras. Torres acristaladas albergan hoteles y bancos junto a edificios medio en ruinas. Todoterrenos con los cristales tintados conducen a gobernantes y dignatarios internacionales que se cruzan con vacas de largos cuernos y cabras que buscan comida entre la basura en las calles.
La prisión está situada en el mismo centro de la ciudad. Es uno de los pocos edificios que apenas han cambiado en los últimos 60 años. Numerosos guardas y policías armados con rifles gastados pasean alrededor de la puerta principal, que se abre en los enormes muros de piedra coronados con alambre. Otros se sientan en sillas de plástico o en el suelo intentando buscar algo de sombra para huir del calor aplastante.
Dentro de los muros, en un patio de tierra, hay varios sillones destartalados, raídos y quemados por el sol. También aquí hay docenas de guardas y policías que parecen no tener mucho que hacer. Pasean lentamente secándose el sudor de la cara, se sientan en los sillones o en el suelo, algunos lucen con desgana sus viejos rifles AK-47. Huele a meado, e incontables moscas se posan en la piel, en la ropa, en los rifles, en el tapizado roto y ajado de los sillones.
El oficial encargado de los menores en la prisión es Fabian Serit. Fabian es un hombre no muy alto y de sonrisa fácil. Tiene una cara simpática y, a pesar del calor, viene al trabajo cada día con pantalones de traje y una camisa de manga larga. Fabian suda constantemente y lleva un pañuelo en el bolsillo que se pasa por la cara cada pocos minutos. Le gusta hablar y ríe constantemente. Cuando está contando algo importante o que él considera una confidencia, te coge del brazo y te mira fijamente con sus ojos enrojecidos mientras baja la voz.
"Un grupo llamado niggers iba por la ciudad matando a la gente. Fueron arrestados y torturados y la policía les obligó a que señalaran a sus secuaces por la calle, y fue entonces cuando denunciaron a Alphonse", dice Fabian en voz baja. Y luego se exalta: "¡Pero él es inocente y además es un niño! Así que lo llevamos al médico. El doctor dijo que tenía 14 años y ahora estamos intentando cambiar oficialmente su edad para quitarle la condena a muerte". En enero de 2010, Sudán cambió sus leyes y aumentó de 15 a 18 años la edad mínima para que un criminal pueda ser sentenciado a la pena capital.
Fabian y otros funcionarios de la prisión trabajan en una oficina muy pequeña y de paredes desnudas, en la que tres mesas y unas pocas sillas apenas dejan sitio para nada más. Todos los informes y documentos están en papel y manuscritos en una mezcla de inglés y árabe. Dos de los funcionarios intentan sin mucho éxito usar el programa Microsoft Word en el único y viejo ordenador que acaba de ser donado por la ONU. Las moscas y el calor se cuelan en la oficina aunque aquí se puede al menos escapar del sol punzante.
Unas enormes y pesadas puertas de metal conducen al patio interior de la cárcel y a las celdas. El patio es un espacio amplio, con el suelo de tierra, dividido en dos partes por una verja. De nuevo el calor, la luz, el polvo, las moscas. A la derecha de la verja hay unos pocos árboles y un tejadillo de metal que dan algo de sombra. Los presos se concentran allí, sentados en el suelo, intentando huir del sol y de la luz cegadora de la mañana. Otros se sientan junto al muro que separa el patio de las celdas a la izquierda, donde también hay una estrecha franja de sombra. Apenas hay movimiento, casi nadie camina y las conversaciones son en voz baja.
El método de ejecución empleado en la cárcel es la horca. Fabian explica que hay una fórmula para colgar a los condenados. "Te miden y te pesan para regular la horca. Si no está bien regulada, te puede cortar la cabeza. Si esto ocurre, los encargados de regularla son encarcelados".
Incluyendo a Alphonse, en el corredor de la muerte hay ahora 50 condenados, todos por asesinato. En 2011, hasta la independencia en julio, dos reclusos han sido ejecutados. El año pasado fueron ocho en total, según cuenta Fabian. Y además de Alphonse, en esta cárcel hay otros 46 niños que conviven con unos 1.000 reos adultos. Hay también cinco niñas, alojadas en un edificio contiguo con las mujeres.
La mayoría de los presos adultos, al igual que casi todos los policías y guardias, son exguerrilleros que lucharon en la guerra civil que enfrentó al norte y al sur de Sudán entre 1983 y 2005. Entre los presos adultos, los delitos más comunes son el robo, el adulterio, la violación y el asesinato. Entre los niños, los pequeños robos menores y algunos asesinatos.
El caso de los condenados por asesinato es particular. "La pena depende de la decisión de los familiares de la víctima", explica James Warnyang, otro funcionario al cargo de los menores. Los familiares le piden al asesino una cantidad de dinero como compensación. Es lo que aquí en árabe llaman dia y en inglés blood money (dinero de sangre). La ley establece que los familiares pueden pedir como máximo 30.000 libras (unos 8.250 euros) y esta es la cantidad solicitada en casi todos los casos. "Aunque depende de las tribus", interviene Fabian; "por ejemplo, los dinka pueden pedir 30 vacas en lugar de 30.000 libras". Cuando se fija la cantidad, el juez impone una nueva sentencia de cárcel, de hasta cinco años si es un menor y de hasta 10 si es un adulto.
"Pero si los familiares de la víctima dicen que quieren al asesino muerto, entonces ya está: son los familiares los que deciden y no hay nada que hacer, aunque si el condenado es un menor, entonces la ley dice que no puede ser ejecutado", concluye James. En la prisión Central de Juba, además de Alphonse, hay nueve menores que cumplen penas de cárcel por asesinato.
Hay varias alas: una para los presos comunes, otra para los enfermos mentales, otra para los presos políticos, que es la que curiosamente ocupan los menores. Una puerta en el muro da acceso al ala para los presos políticos. Los menores esperan bajo un toldo metálico, de pie y en filas. Llevan ropas sucias y rotas, están muy delgados y aguardan con expectación. De repente empiezan a cantar mientras dan palmas y se mueven rítmicamente.
Cuando la canción acaba, todos se sientan en el suelo en filas y miran con ojos enormes, con intensidad, algunos con la boca abierta, otros con sonrisas de emoción. La escena recuerda más a una escuela que a una cárcel.
Muchos niños quieren hablar y sus historias podrían llenar un libro de reportajes. Está Mangar Abuc Malnal, de 16 años, que parece uno de los jefes del grupo. Los demás corean su nombre mientras Mangar, lleno de energía y confianza, se levanta y cuenta con naturalidad cómo asesinó a otro niño en una pelea, mientras Fabian y varios de los menores ríen. Se entregó él mismo a la policía en julio de 2009 y lleva desde entonces en la cárcel.
Pero su juicio no se celebró hasta diciembre de 2010, cuando fue condenado a pagar 30.000 libras como dinero de sangre a la familia de la víctima y a tres años de prisión, que empezaron a contar en el momento de la condena. Mangar dice que cuando pueden jugar al fútbol y cuando tienen clase, la vida en prisión no está mal, aunque la comida no es buena. "Pero el balón se ha pinchado y ahora no tenemos nada que hacer, así que nos pasamos el día sin hacer nada y pensando".
El caso de Diu Ajak también es llamativo. Alto, muy delgado y con un rostro infantil y triste, tiene 13 años, aunque aparenta 9 o 10. "Tenía hambre, por eso entré en la casa, cogí 120 libras [32 euros] y una cámara de fotos pequeña", cuenta Diu hablando en voz muy baja. "El dueño del dinero me pilló y me pegó con un palo. Era un oficial del Ejército. Me llevó a la comisaría y allí los policías me pegaron, me dieron muchos latigazos". Entonces Diu calla, se alza la camiseta y muestra la espalda. Está llena de cicatrices, pese a que esto le ocurrió cinco meses atrás.
"Me metieron en un coche y me llevaron para que señalara a alguien. Yo señalé a unos chicos porque los policías me habían pegado. Los que señalé son amigos míos, pero no estaban conmigo cuando fui y robé en la casa", continúa el chico.
Los cinco niños fueron arrestados y llevados a una comisaría. Dos de ellos, Angok Mum y Chol Achek, ambos de 14 años, se levantan indignados y cuentan su versión de la historia, que coincide con la de Diu aunque ellos niegan que fueran amigos y aseguran que no lo conocían. Angok y Chol dicen que los policías también les pegaron a ellos en la comisaría para que confesaran haber robado, pero que ellos nunca lo admitieron.
Más adelante, Fabian contará por teléfono que Diu y los cinco menores arrestados junto a él han sido liberados tras haberse pasado más de siete meses en la cárcel sin sin haberse celebrado juicio alguno. Y en el caso de los cinco señalados por Diu, sin pruebas en su contra.
Mientras hablan Diu, Angok y Chol, un funcionario ha traído a Alphonse, que se ha dejado caer en una silla de plástico. Alto, delgado, cabizbajo, de rostro amplio y grandes ojos, no deja de tocarse los pies y los grilletes que le atenazan los tobillos. Los demás niños lo miran con respeto y desde la distancia. Alphonse simplemente los ignora. Uno de los funcionarios dice a los chicos que se pueden ir y la mayoría se levantan y se van. Alphonse se sienta en el suelo y, con la vista baja, hace dibujos en la arena. Unos pocos niños se quedan y se sientan o se tumban cerca de él, le miran serios y en silencio.
Empieza a hablar y dice que su nombre completo es Alphonse Kenyi Makwach y que nació el 19 de enero de 1996. Apenas alza la mirada y habla monótona y lentamente, como si estuviera cansado o aburrido de repetir las mismas palabras, mientras sigue trazando formas y letras con la arenilla del suelo. "Me arrestaron en octubre de 2009. Mi madre trabaja para el Servicio de Protección de la Vida Salvaje y su uniforme [similar al de los soldados] estaba en casa".
"Me humillaron, me pegaron muchas veces, querían que admitiera haber hecho cosas que yo no había hecho. Me metieron en una celda con más gente que estaba acusada de matar y de destrozar el pueblo y a mí me acusaron de lo mismo. Me pegaban con ese bastón que tiene la policía. Si les miraba, me pegaban. Me llevaron al tribunal. El juez preguntó: '¿Qué ha hecho esta persona?'. El fiscal dijo: 'Estas personas han matado'. Y nos trajeron aquí a la cárcel. El fiscal volvió a la comisaría y escribió que todos habíamos confesado y por eso nos condenaron a muerte. Pero ante el juez yo nunca dije que hubiera matado".
Sigue su discurso lentamente, pero sin pausa; los demás niños escuchan en silencio y siguen la escena con intensidad. "En la comisaría, los policías usaron cuchillas de afeitar y agujas, me decían que confesara, pero yo nunca admití nada. Me metían la aguja entre la carne y la uña, haciéndome mucho daño, y luego rompían la uña con la cuchilla". Entonces Alphonse deja de hablar. Alza la vista y enseña los dedos y las señales en sus uñas, como pequeñas cicatrices por donde la uña se habría roto.
"No conocía a las otras personas que había en la celda. Todos eran mayores que yo. No me hablaron ni me dijeron nada. La policía también les torturó a ellos, a todos nos hicieron lo mismo", agrega el joven. En total eran ocho personas: Alphonse y tres hombres fueron sentenciados a muerte, otro fue condenado a 14 años de cárcel, y dos mujeres y una menor fueron también castigadas a 14 años.
Alphonse calla y sigue haciendo dibujitos en el suelo. El ambiente se relaja un poco, todos parecen volver a respirar, los niños empiezan a hablar y a moverse. Algunos se acercan a Alphonse, le hablan con cariño, intentan animarlo, hacen bromas, a veces consiguen arrancarle una leve sonrisa.
James Warnyang, otro funcionario ocupado de los menores, musita en voz baja: "Él ya no cree que le vayan a liberar, cree que va a ser ejecutado". Y entonces le cuenta lo que Fabian y él están haciendo para demostrar que es un niño, que fue condenado con 14 años, y le aseguran que no va a ser ahorcado. Pero Alphonse no reacciona, no alza los ojos para mirar a James y simplemente sigue jugando con la arenilla y haciendo dibujitos y montañitas con ella.
Tras conseguir el documento de la comisión médica que certifica que Alphonse tiene 15 años, el funcionario Fabian elaboró un informe completo sobre el caso, que primero tuvo que ser aprobado por el director de la prisión, después por un tribunal en primera instancia y ahora está pendiente de resolución en el Tribunal Supremo.
Si se acepta que Alphonse fue condenado a muerte cuando tenía 14 años, entonces la sentencia sería invalidada y el tribunal tendría que fijarle una pena de cárcel que, por tratarse de un menor de edad, podría ser de hasta cinco años, además del pago del dinero de sangre a las familias de las víctimas. "E inmediatamente tras la resolución lo sacaríamos del corredor de la muerte y lo traeríamos aquí con los otros niños", recalca Fabian.
Alphonse lleva puesta una camiseta del Liverpool, pero no responde sobre si le gustan el fútbol y el Liverpool. Los demás niños le insisten, le hablan de fútbol, hacen pequeñas bromas, intentan hacerle reír y entonces sí reacciona y habla un poco con los otros muchachos; la atmósfera parece un poco más ligera durante algunos instantes.
Pasa las noches en el ala de los condenados a muerte, pero los demás menores duermen en una estancia junto a este pequeño patio cubierto por un tejadillo de metal. Se trata de una sola habitación de unos cuatro metros de ancho por unos 15 de largo. Junto a las paredes se aprietan unos 15 colchones de espuma. Son muy finos y están raídos y cubiertos por sábanas viejas y sucias. En cada uno de ellos duermen tres niños. Algunas redes mosquiteras penden del techo sobre los colchones, aunque no hay suficientes y están llenas de agujeros.
La visita a la prisión Central de Juba llega a su fin. Alphonse sigue sentado en el suelo, de nuevo con la mirada baja y triste. Los demás niños se levantan, empiezan a andar, se empujan unos a otros y se pelean en broma, ríen y empiezan a jugar. De vuelta a la oficina, y tras interrogarlo acerca de la tortura, Fabian cuenta: "En los cuarteles de policía te pegan, utilizan fuego u otros objetos para que digas la verdad. De hecho, los arrestados quieren que los traigan a la cárcel lo antes posible porque saben que aquí no torturamos a nadie".
Fuera, el sol sigue inundando el patio de tierra entre el zumbido de las moscas y las conversaciones de los guardias. Los policías pasean lentamente o se dejan caer junto a sus rifles en los sillones quemados por el calor. -