miércoles, 21 de julio de 2010

La violencia no se Aído


Dos noticias contrapuestas, y lo digo con conocimiento de causa porque soy argentina y ya hace varios años que me estoy desempeñando como educadora social en un centro de atención a la mujer maltrada en España. Por un lado en Argentina reglamentan la ley de violencia de género después de dieciséis meses de su sanción y por el otro la oposición española pide la comparecencia de la ministra de igualdad por el récord de muertes por violencia de género. La globalidad de los problemas no viene siendo proporcional a la globalidad de las soluciones. Difícil es el bien. Agur. Mariana Hernández Larguía Maidagan.

A 16 meses de su sanción, reglamentaron la ley de violencia de género
20/07/10 Aún no se sabe de dónde saldrán los fondos para que se aplique íntegramente.
Por Sibila Camps

En un acto realizado en la Casa Rosada, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner firmó ayer el decreto por el que se reglamenta la ley 26.485, para luchar contra la violencia de género. La Presidenta destacó el trabajo participativo de organizaciones civiles y especialistas de instituciones públicas en la elaboración de las pautas. Sin embargo, no hizo ningún anuncio acerca de los fondos necesarios para implementar la norma.
La “Ley de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres” fue aprobada hace 16 meses. Establece diferentes tipos de violencia: física, psicológica, sexual, económica y simbólica . Y describe distintas modalidades, según el ámbito donde se ejerza: violencia doméstica, laboral, contra la libertad reproductiva, obstétrica, mediática e institucional.
En esta última, la reglamentación incluye la violencia religiosa , “cuando una creencia o práctica religiosa impide a las mujeres ejercer sus derechos o realizar conductas lícitas”.
Aún cuando la ley y la reglamentación enumeran en detalle muchas de las formas de la violencia de género, no contemplan ninguna sanción contra quienes la cometan. Precisan, en cambio, las condiciones en las que las víctimas podrán acceder gratuitamente a la Justicia –sin tener que acreditar falta de recursos–, y a la atención de su problema, junto con los hijos e hijas que vivan con ellas.
La norma parece apuntar más bien a una honda y generalizada reforma en todos los órdenes, para eliminar las causas profundas de la violencia de género: la discriminación entre mujeres y varones, y “la remoción de patrones socioculturales que promueven y sostienen la desigualdad de género y las relaciones de poder sobre las mujeres”.
“También hay una violencia verbal, y les aseguro que puede existir en los lugares más encumbrados”, afirmó ayer la Presidenta. En ese sentido pidió que “recuerden si alguna vez se dijo contra los anteriores hombres Presidentes de todo tipo”, lo que consideró como agravios contra ella. “Creo que es una batalla cultural –agregó–. No sólo tiene que ver con el hecho de ser mujer, sino que esta mujer hace cosas que ponen nerviosos a algunos y algunas”.
Cristina Fernández no hizo ayer ningún anuncio acerca de los fondos con los cuales debe implementarse la ley. Ésta otorga amplias facultades al Consejo Nacional de las Mujeres (CNM), con una planta técnica de sólo 28 personas, y un presupuesto exiguo que para 2010 no incluyó ninguna partida destinada a aplicar la ley. Las falencias estructurales del CNM fueron puntualizadas en sendos informes alternativos presentados recientemente por quince organizaciones civiles ante una comisión de la ONU.
Según uno de ellos, elaborado por ELA y ADC entre otras asociaciones, el CNM “carece de un fuerte liderazgo a nivel nacional, así como de recursos humanos y económicos suficientes para llevar adelante políticas concretas, ya que no son destinatarios de fondos suficientes que el Estado Nacional debe aportar para la aplicación de la ley”.
No será posible ponerla en práctica sin destinar recursos económicos y humanos, ya que la ley apunta a modificar las conductas sexistas de manera transversal, desde la escuela, en el trabajo, en los medios, en los centros de salud, en la Policía y en los servicios de justicia. Esos recursos también son necesarios para articular todas las políticas públicas, incluida una línea telefónica gratuita nacional, que funcione todos los días del año, las 24 horas.

El PP pide que comparezca Aído por el récord de muertes desde que es ministra

El Grupo Popular solicitará la comparecencia de la ministra de Igualdad, Bibiana Aído, en la Comisión de Igualdad del Congreso de los Diputados, ante el "alarmante" repunte de las víctimas mortales por violencia de género en España. Hasta la fecha y con 31 víctimas mortales, es el peor año desde la creación del Ministerio de Igualdad.
Con la muerte de ayer en Almería de una mujer y su hijo y la de otra en Gijón el pasado miércoles, son 31 las mujeres asesinadas en lo que va de año en crímenes de violencia de género, nueve más que en el mismo periodo de 2009. Al igual que el 84% de las fallecidas en 2010, ninguna de las dos había presentado denuncia previa por maltrato.
El delegado del Gobierno contra la Violencia de Género, Miguel Lorente, llamó la atención sobre este hecho que supone un incremento de un 24% en el número de casos de asesinato sin denuncia previa respecto de 2009, cuando seis de cada diez fallecidas sí habían acudido a la Justicia.
"Que se denuncie supone seguridad y protección", destacó Lorente, para incidir en que si las autoridades no tienen constancia de esta violencia, "no pueden poner los medios" para evitar que la persona que maltrata a la mujer acabe matándola.
En total, en las mismas fechas del año pasado habían fallecido nueve mujeres menos y, en 2008, se contaba también una cifra inferior, con 27 homicidios. No obstante a 4 de junio se habían producido 32 asesinatos en 2007 y 2006, los dos años de la serie estadística con más mujeres asesinadas por la violencia machista en este periodo.
De las 31 muertas este año, sólo cinco (16%) había presentado una denuncia previa por malos tratos aunque una de ellas la retiró. Además, tres mujeres tenían una orden de protección en vigor en el momento del asesinato, que en dos casos fueron quebrantadas por el asesino. En cuanto a la nacionalidad, el 61,3% de las mujeres fallecidas eran españolas, frente a un 38,7% que eran extranjeras, según los datos oficiales.