Pasame la picana

Estas dos noticias podrían parecer tan compatibles como incompatibles. Por ahora veámoslas solo desde el punto de vista de las compatibilidades. El resultado de los ensayos de la primera podría ser el argumento en que se baso el fiscal de la segunda y el personaje de la segunda podría haber sido cualquiera de los estudiantes universitarios involucrados en la primera. La verdad es que algunas investigaciones científicas me hacen menos gracia que la libertad de Astíz. Mariana Hernández Larguía.

Usted puede ser un torturador
Un estudio muestra que un 70% de la población es capaz de causar dolor a otras personas aunque no tengan un motivo

EMILIO DE BENITO - Madrid - 19/12/2008

¿Es usted incapaz de matar a una mosca? ¿Seguro? Eso creían los voluntarios de un ensayo que ha hecho la Asociación Estadounidense de Psicología, y el resultado no ha podido ser más desalentador: un 70% de nosotros somos capaces de aplicar descargas eléctricas a otra persona sólo si se nos dice que podemos hacerlo. Da igual el motivo. En este caso, contestar mal a una pregunta académica.
El ensayo muestra que si se coge a un grupo de estudiantes universitarios y se le permite castigar a un colega cada vez que se equivoca, la mayoría lo hace, aunque estén viendo y oyendo los gritos y las convulsiones de sus víctimas. Si alguien ajeno al experimento entra en la sala y les pregunta qué hacen, son capaces de explicárselo sin inmutarse. El trabajo se publicará en enero en la revista American Psycologist.
El ensayo tenía un único truco. Para asegurarse de que recibían la probación de las autoridades, los diseñadores del trabajo tuvieron que garantizar que los torturados no iban a sufrir ningún dolor: para ello se contrataron actores que fingían las reacciones cuando el torturador le daba al botón. Pero tiene validez porque los estudiantes -que creían que estaban participando en un ensayo sobre el aguante al dolor- no sabían que todo era un montaje. La mayoría llegó al máximo permitido, a pesar de que se les avisó tres veces de que podían dejar el ensayo y que no por eso iban a perder los 50 dólares (35 euros) con que se recompensaba a los voluntarios.
Si la historia le suena, no le extrañe. El estudio es una copia mejorada de otro famoso hecho por el profesor de Yale Stanley Milgram en 1961. Aquella vez, los estudiantes tenían la posibilidad de ir aumentando gradualmente el voltaje de la descarga, de 150 voltios a 450. Un 70% llegó hasta el final, a pesar de que los actores fingieron desmayos y pérdidas de conocimiento. Pero luego, cuando se dieron cuenta de lo que habían sido capaces de hacer, sufrieron remordimientos, problemas de ansiedad e insomnio. Para evitarles ese malestar a los voluntarios, esta vez la intensidad del castigo se limitó, ficticiamente, a 150 voltios: suficiente para una sacudida pero poco más.
La triste conclusión es que (casi) nadie está exento de ser un torturador si se le otorga la suficiente autoridad, se le convence de que está actuando por una buena causa, o se le ofrecen 35 euros. Y que en más de 40 años, los que han pasado del primer ensayo a este último, la humanidad no ha mejorado nada en ese aspecto.


El fiscal admite que no hay disposiciones para que Astiz siga detenido

De todos modos, consideró que se deben diferenciar los requisitos de excarcelación en las causas de lesa humanidad. E insistió en que la Corte debería "poner las cosas en su lugar" y dejar presos a los represores.

El fiscal Raúl Plee, quien ayer presentó el planteo por el que la Cámara de Casación decidió mantener en prisión preventiva a Alfredo Astiz y otros represores de la ESMA tras haber ordenado el jueves su libertad, sumó otro elemento a la polémica al admitir que "no hay ningún tipo de disposición" para que los acusados de delitos de lesa humanidad no gocen de la excarcelación pasados los tres años sin que se inicie el proceso. El jueves, la Cámara –con el voto de dos de sus tres integrantes- había dispuesto la liberación de los represores debido a que todos habían excedido, y algunos largamente, el plazo máximo de tres años de prisión sin condena que establece la ley. La decisión desató un fuerte debate, en el que el Gobierno fustigó a la Justicia y la oposición y el juez de la Corte Suprema Carlos Fayt pusieron la responsabilidad sobre el Congreso por no haber sancionado leyes complementarias a la derogación del Punto Final y la Obediencia Debida. En ese marco, y mientras la Secretaría de Derechos Humanos ya anunciaba un juicio político a los miembros de Casación, Plee presentó un recurso en el que sostuvo que la Cámara malinterpretó las normas que regulan la prisión preventiva. Ahora ese tribunal debe decidir si acepta ese recurso y lo traslada a la Corte Suprema; si lo rechaza, el fiscal todavía puede llegar al máximo tribunal por un recurso de queja. Mientras, los acusados deben seguir detenidos. En diálogo con radio Mitre, Plee dijo que pretende que la Corte "ponga las cosas en su lugar, lo que significa dejar en prisión a estas personas". "A nuestro criterio –agregó-, las características del delito de lesa humanidad lo transforman en algo especial, por lo aberrante de estos delitos y las características de sus autores, entre quienes existe un mayor riesgo de fuga". Sin embargo, el fiscal admitió que, "en realidad, no hay ningún tipo de disposición que establezca que los delitos de lesa humanidad tengan un tratamiento distinto y que los procesados deban no gozar de algunos derechos de los que sí gozan los acusados de otros delitos", como el límite de tres años de prisión preventiva sin condena. Plee, también fiscal en la causa de Cromañón, recordó que el ex gerenciador del boliche en el que un incendio se cobró la vida de 194 personas en diciembre de 2004 quedó libre, hasta tanto concluya el juicio en su contra, por la aplicación de la misma ley. Y que, en ese caso, también presentó un recurso ante la Corte, que lo rechazó y ratificó la libertad del acusado.