Educadores y maleducadores

(Mi foto junto a uno de los menores inmigrantes solo tiene aquí un valor testimonial). Dos noticias en las que me considero profundamente involucrada por mi condición de trabajadora social y para las que, por experiencia propia, me considero con mas derecho a opinar que sobre otras noticias. Por eso mismo y en principio, salvo lo que quise expresar sucintamente con el titulo, no voy a opinar, les voy a ceder el turno a ustedes. Una la leí en el medio digital Terra actualidad, y la otra en El País de Madrid, también digital. Mariana Hernández Larguía.

Los educadores de los centros de acogida de menores inmigrantes toman la baja en bloque

La situación de la acogida a menores extranjeros no acompañados en Gipuzkoa roza el caos. Los 27 educadores sociales que hasta ahora se ocupaban de los tres centros de acogida existentes se encuentran de baja laboral desde el pasado viernes.
La desprotección ante situaciones de violencia -agresiones y amenazas reiteradas-, las «pésimas» condicionales laborales y la incapacidad «para garantizar una atención a los menores» han hecho mella en la salud -cuadros de ansiedad, estrés, mareos...- de los profesionales que gestionaban el servicio. Además, la sobreocupación de las plazas de alojamiento -en uno de los centros llegaron a pernoctar 20 jóvenes inmigrantes, cuando sólo había 9 plazas- no ha ayudado.«La situación es insostenible» tanto para los 27 educadores que trabajan para Cruz Roja -entidad que presta el servicio por un convenio con Diputación de Gipuzkoa, que es la responsable del acogimiento de urgencia y posterior tutela de los menores- como para los menores extranjeros no acompañados que atienden de cara a lograr su integración. En rueda de prensa, los profesionales en baja denunciaron ayer la «falta de recursos materiales y humanos» para realizar su trabajo, y reclamaron de la Diputación mejoras en un servicio «que se encuentra desbordado» por el paulatino «aumento de la llegada de menores inmigrantes».

Centros cerrados

El pasado fin de semana ninguno de los tres centros de acogida estuvo abierto. «Los menores fueron realojados en pensiones, sin control de ningún tipo y sin educadores referentes», señalaron los educadores. Además, algunos que se encontraban alojados en los centros para extranjeros «fueron derivados a pisos de acogida para menores» de nacionalidad española, una práctica no habitual. El lunes, los centros de Urnieta y Martutene se reabrieron «únicamente para pernoctar y estuvieron cuidados por personal no cualificado, contratado por una ETT».
El problema de la sobreocupación y las situaciones de riesgo y agresividad «viene de lejos». Tras varios casos de violencia, en 2002 se incorporaron vigilantes de seguridad. Ya el año pasado, los educadores denunciaron que el centro de Urnieta, de acogida de urgencia, registró una media de ocupación de 13 menores, cuando sólo dispone de nueve plazas. Tras conversaciones entre Cruz Roja y Diputación, finalmente, en febrero de 2005 se decidió crear un segundo centro de urgencia, que serviría de puente para acceder a las instalaciones de Urnieta, también de urgencia, y a las de Martutene, centro de residencia en el que viven ocho menores tutelados.

En albergues

Según los educadores, el nuevo centro de urgencia ha funcionado «sin límite de plazas convenidas y sin una ubicación concreta», deambulando entre el albergue de Hondarribia, hotel Lintzirin de Oiartzun, albergue de Zarautz, albergue de Askizu de Getaria, para finalizar en Hondarribia, que para colmo se encontraba cerrado por reformas. Los destrozos en las infraestructuras, las amenazas y agresiones a menores y educadores, que tenían que atender en ocasiones a mayores de edad sin documentación, hicieron que la situación se tornara «insostenible». Las bajas laborales se sucedieron hasta que el 4 de mayo el centro se cerró, con el cuadro de ansiedad del último cuidador que quedaba en activo.La «gota que colmó el vaso» tuvo lugar ese día. Derivados del centro de Hondarribia, el piso de Urnieta acogió a 20 menores extranjeros en un centro que dispone de nueve plazas. «Los jóvenes tuvieron que dormir en el suelo, encima de la mesa. Estaban hacinados. Además, se unieron jóvenes de dos perfiles, los que residían en Urnieta, con mayor nivel de integración, y los que estaban en Hondarribia, recién llegados», señaló uno de los monitores, que recuerda que, «como ese día sólo había una educadora de turno nocturno y un vigilante, varios voluntarios decidimos pasar esa noche en Urnieta para estar con ella».
Al día siguente, recibieron la orden inmediata de «trasladar a los ocho menores que residían en Urnieta a otros lugares, lo que creó una gran ansiedad, miedo y desconfianza a en los jóvenes». Los educadores recuerdan que tuvieron que explicar a los menores, que llevaban mucho tiempo en el piso, que «tenían que coger la mochila para ir a otro centro, sin más». Según aseguran, de los ocho menores de Urnieta, tres pasaron a Martutene, en donde residen ocho jóvenes en un nivel muy avanzado de integración, y que cuentan con la tutela de la Diputación, y los otros cinco se «derivaron a pisos de acogida de Mundo Nuevo y la Asociación de Educadores Sociales de Gipuzkoa, que gestionan pisos de acogida de menores autóctonos». Las bajas laborales siguieron cayendo.«Nos reunimos con la dirección de la empresa para mantener los centros abiertos. De manera excepcional, seguimos trabajando. El jueves 5 cuidaron el centro dos educadores que tenían
Protocolo de acogidaPara poner solución al desconcierto creado, los educadores reivindican que la Diputación de Gipuzkoa reabra el centro de acogida de urgencia y cumpla el protocolo de acogida para comprobar la minoría de edad del joven antes de ingresar.«Hasta ahora lo han delegado en nosotros. Se han dado muchos casos en los que, por falta de documentación, hemos convivido con mayores de edad varios días hasta que les hemos podido hacer la prueba de la cadera -examen óseo- en un centro médico y determinar que no son menores. Además, al echarles del albergue siempre se viven momentos de tensión y agresividad», asegura un educador.Solicitan, entre otras cuestiones, que se activen protocolos de actuación en casos de violencia, en coordinación con los cuerpos de seguridad y la Fiscalía de menores; que se limite la ocupación de cada centro a nueve jóvenes; que los menores con problemáticas específicas, como puede ser la drogadicción, puedan ser derivados con urgencia a otros recursos; y que se transformen los centros de residentes extranjeros en centros multiculturales.Por último, los 27 educadores reclamaron que Cruz Roja -que ayer dejó claro que «el tutelaje de los menores es de la Diputación»- y el ente foral renegocien el convenio pactado, en el que se incluyan las reivindicaciones antes mencionadas, y que se asegure la continuidad de la plantilla.

"Era un sufrimiento diario, un horror, el reformatorio a su lado era la gloria"
Juan Gabriel Juárez relata su vivencia de casi cuatro años en el centro de protección Casa Joven

MÓNICA C. BELAZA - Madrid - 04/02/2009
Juanga llamaba a su hogar de acogida el "minibúnker". Por las vallas, las puertas reforzadas, las habitaciones que sólo se abren desde fuera y el régimen carcelario. "Un horror, el sufrimiento diario, donde quieres morirte", asegura. Era el centro de protección para menores con trastornos de conducta Casa Joven, en Guadalajara, gestionado por la Fundación O'Belén. Allí van a parar chicos con problemas, hijos de familias desestructuradas o con algún trastorno
de conducta por el que no es conveniente que vivan con sus padres. La Comunidad Autónoma de Castilla- La Mancha asume su tutela y los manda a vivir a estos centros. Sin orden judicial de internamiento, porque no han cometido delito alguno. Se hace así para protegerlos, y las autonomías han decidido, en su mayoría, privatizar este servicio.
Juanga, Juan Gabriel Juárez Moreno, que tiene ahora 18 años, ha pasado largos periodos de su vida fuera de su casa. Es de Albacete, de un barrio difícil llamado Las Seiscientas de donde los servicios sociales lo han sacado varias veces. Tenía tres años la primera vez que la comunidad de Castilla- La Mancha lo apartó de una madre con depresión y distintos problemas. A los 11 años y medio fue a parar a Casa Joven, en Guadalajara, donde estuvo, en una primera fase, un año y siete meses.
Éste ha sido uno de los centros que salen peor parados del reciente informe del Defensor de Pueblo. El texto habla de una sala de contención física de los menores "siniestra", "sin ventana", recubierta de una goma negra "que desprende un olor muy fuerte y desagradable, casi irrespirable", de falta de un protocolo para llevar a cabo la contención, de "desnudos integrales" a los menores para registrarlos, de puertas de dormitorios que no se pueden abrir desde dentro y menores que hablan de sanciones degradantes. Durante el último año ha habido 8 bajas voluntarias de un total de 23 trabajadores.
"Una vez pasé cuatro fines de semana en un reformatorio y era mucho mejor. La gloria al lado de Casa Joven", dice Juanga. "He estado medicado durante años sin tener ninguna enfermedad mental. Me decían que era hiperactivo y me daban cada mañana, tarde y noche cinco miligramos de Risperdal y 500 de Concerta".
Casa Joven es un centro con 12 habitaciones para niños y niñas. Cuando llegó, Juanga era de los pequeños. "Pero había también chicos de 17 y 18 años", relata. "Nos metían a cada uno en una habitación, un cuartucho en muy malas condiciones, con grietas y una ventanita. Estaban fatal. Sin calefacción. El agua caliente a veces funcionaba, pero casi nunca. Tocaba ducharse con agua fría. Y desde el principio los educadores te dejan las cosas claras: 'Si yo te digo que es de noche, aunque sea de día, para ti es de noche'. La primera semana de estancia no puedes ni salir al patio. Así funcionan las cosas en Casa Joven".
Juanga salió casi con 14 años del centro, pero volvió a entrar a los 16. "Siempre era igual. Contenciones físicas en las que te tiraban al suelo y te retorcían los brazos y las piernas hasta hacerte moratones. Educadores que decían que no te quejaras porque ellos tenían abogados para defenderse y tú no. No me dejaban hablar por teléfono en caló con mi madre, que es gitana. Me sancionaban si lo hacía. No me dejaron ir al entierro de mi abuelo porque decían que a lo mejor me fugaba. A veces me insultaban diciéndome que mi familia no me quería. Todo eran abusos. Sólo me dejaban salir fuera del centro 20 minutos un día a la semana".
Juanga reconoce que algunos educadores eran "distintos". "Hubo uno peruano, muy bueno, que hablaba más que sancionaba, pero lo echaron. La mayoría de los que estaban aplicaban cualquier cosa como "medida educativa", uno de los castigos. Una vez me hicieron correr en cuclillas alrededor del invernadero".
Se queja también de la comida, que casi siempre estaba a punto de caducar "porque así la conseguían más barata", de las pocas veces que les dejaban usar el aula de informática y de que no podían entrar en el messenger. "Todo estaba prohibido y no podías quejarte de nada. Todos teníamos brotes de ansiedad. Yo pensaba "o me muero o me tiro al tren". Ha sido lo peor".
Como estos niños no cumplen condena, no tienen derecho a letrado. Se reúnen con su técnico de la comunidad y, según O'Belén, cada 15 días con el director del centro. "También tienen siempre hojas de queja a su disposición", asegura Gema Fernández- Cueto, directora de la Red de Centros Especializados de la Fundación. La directora niega las acusaciones, aunque no quiere comentar este caso concreto. "Hay registros de cada sanción, nunca se castigaría a un chico por hablar caló, árabe o cualquier otro idioma, y las contenciones físicas están controladas por psiquiatras", señala. "Nosotros hacemos bien nuestro trabajo, pero esperamos que las Administraciones también tomen en cuenta las recomendaciones del Defensor del Pueblo. Que haya psiquiatras especializados y más reglamentación".