jueves, 14 de agosto de 2008

Anoche soñé con Walter




Walter David Bulacio (1974, Buenos Aires 26 de abril de 1991) era un joven argentino cuya muerte a manos de agentes de la Policía Federal Argentina se convirtió en un caso emblemático contra la brutalidad policial que llegó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. “Ayer soñé con Walter” (el encabezamiento que utilicé para esta entrada) es el título de una canción que le dedicó la cantante y compositora argentina de rock Fabiana Cantilo.
Tras condena de la CIDH dictan normas para la detención de menores
Buenos Aires.— Las fuerzas de seguridad nacionales que detengan a menores de 18 años deberán informarles sus derechos, notificar a sus padres y a la autoridad judicial de protección, evitar exhibirles armas y no alojarlos con mayores para que el Estado pueda cumplir con la sentencia dictada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el caso Walter Bulacio.
Según la resolución publicada ayer en el Boletín Oficial, la Policía Federal, la Gendarmería Nacional, la Prefectura Naval y la Policía de Seguridad Aeroportuaria deben cumplir con una serie de medidas para dar respuestas a la condena que la Cidh dictó contra el Estado argentino el 18 de octubre de 2003 por violaciones a los derechos humanos cometidas en democracia. El organismo internacional intervino en el caso Bulacio después de que los abogados de la familia del joven asesinado no hallaran respuestas en la Justicia nacional.
Bulacio tenía 17 años cuando el 19 de abril de 1991 fue detenido por policías federales en la puerta del estadio Obras Sanitarias, donde se llevaba a cabo un recital. Al día siguiente, el muchacho fue trasladado a un hospital sin que sus padres ni un juez fueran notificados y murió cinco días después a raíz de las torturas sufridas.
La causa estuvo en manos de unos 30 jueces de primera instancia, no obstante el caso quedó impune y sólo fue imputado el comisario Miguel Angel Espósito, finalmente sobreseído por la Cámara del Crimen que entendió que tras 11 años la acción penal estaba prescripta.
Entonces la familia de Walter acudió a la CIDH y ésta condenó al Estado al considerar el crimen como un delito de lesa humanidad y, por lo tanto, imprescriptible. Asimismo ordenó que se siga investigando hasta hallarse a los responsables. Así, en diciembre de 2004 la Corte Suprema ordenó reabrir el expediente, pero desde entonces no se registraron avances.
La resolución adoptada ahora por el Estado dispone que los menores de edad serán tratados por personal idóneo a su condición etaria y no podrán ante ellos exhibir armas, deberán ser revisados y asistidos por un médico, no compartirán alojamiento con mayores y se confeccionará un libro de registro especial de menores en cada dependencia de detención, entre otras medidas. (Télam)

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